Renovación energética masiva de edificios

España ha puesto en marcha su engranaje legislativo para acometer una de las transformaciones estructurales más relevantes de las próximas décadas: la descarbonización del parque edificatorio. Para ello, dos ministerios han lanzado procesos de consulta pública. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica lidera la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE); por otro, el Ministerio de Vivienda trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Renovación de los Edificios.

Ambas actuaciones se enmarcan en la transposición de la nueva Directiva Europea sobre Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD). En concreto, Transición Ecológica impulsa la reforma del RITE, que establece los requisitos para los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria en los inmuebles.

Esta actualización tiene como finalidad incorporar nuevas obligaciones relacionadas con la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la automatización de los sistemas, la calidad del aire interior y la digitalización de instalaciones, alineándose así con las exigencias comunitarias.

Entre los cambios destacados, el nuevo RITE ampliará su ámbito a las instalaciones ya existentes y reforzará los mecanismos de inspección, control y transparencia para proteger a los usuarios.

De forma paralela, el Ministerio de Vivienda está diseñando el Plan Nacional de Renovación de los Edificios. Este plan deberá analizar la situación actual del parque inmobiliario, detectar barreras y necesidades de inversión, y establecer objetivos intermedios para mejorar la eficiencia de los edificios más obsoletos. Además, fijará los niveles nacionales para alcanzar la categoría de «edificio de cero emisiones» y contemplará medidas específicas para los hogares en situación de vulnerabilidad. España deberá presentar este plan ante la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2025.

La nueva Directiva establece normas mínimas de eficiencia para edificios no residenciales, con la obligación de eliminar del mercado el 16% de los más ineficientes antes de 2030 y el 26% antes de 2033. Asimismo, exige que todos los edificios de nueva construcción sean de cero emisiones a partir de 2030 —y desde 2028 en el caso de los públicos—, lo que implica un consumo energético extremadamente bajo, sin emisiones de combustibles fósiles, y abastecido mediante fuentes renovables locales o redes de energía limpia.

También se introduce la obligatoriedad de instalar tecnología solar en edificios nuevos o en aquellos que se sometan a renovaciones importantes, siempre que sea viable técnica y económicamente. Otras novedades son la creación de un Pasaporte de Renovación para facilitar reformas profundas de manera progresiva, un sistema de certificación energética unificado a nivel europeo, la digitalización de los datos energéticos de los edificios, y la prohibición, a partir de 2025, de otorgar ayudas públicas para la instalación de calderas alimentadas con combustibles fósiles.